
El Ayuntamiento de Santa Marta celebró este lunes el último pleno ordinario del año, una sesión de carácter breve, pero con un intenso debate centrado en la nueva tasa de basuras y en el marco legal que regula su implantación. El Pleno sirvió para ratificar de manera definitiva la modificación de varias ordenanzas fiscales, así como para aprobar la revisión de precios del contrato del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos.
Durante la sesión, la Corporación municipal dio luz verde definitiva a estas modificaciones tras desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Según defendió el equipo de Gobierno, los cambios responden a una obligación legal derivada de la normativa estatal, que impone a los ayuntamientos la necesidad de adaptar sus tasas al coste real de los servicios prestados, especialmente en materia de gestión de residuos.
Las ordenanzas aprobadas afectan a distintos ámbitos de la gestión municipal. Entre ellas se encuentran las que regulan el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la tasa de recogida y tratamiento de residuos, la depuración de aguas residuales, las tarifas de agua potable y alcantarillado, así como determinados servicios especiales prestados por la Policía Local.
El debate político se centró especialmente en la nueva tasa de basuras, una medida que, según el Ejecutivo local, viene condicionada por la legislación estatal y europea en materia medioambiental y de sostenibilidad. Desde el equipo de Gobierno se insistió en que el Ayuntamiento está obligado a cumplir con esta normativa para garantizar la viabilidad del servicio y evitar posibles sanciones.

David Mingo, alcalde de Santa Marta
El alcalde explicó durante el Pleno que, “el Ayuntamiento se ve obligado a regular la nueva tasa de basuras por una cuestión de responsabilidad política y de cumplimiento legal. Se trata de una imposición a los ayuntamientos sin nada a cambio, que obliga a repercutir el cien por cien del coste del servicio directamente al ciudadano.
El Consistorio se ve obligado a aplicar esta tasa ante la falta de instrucciones claras por parte del Gobierno central. Nos vemos forzados a ello, como el resto de los ayuntamientos de España. La normativa nos impone repercutir íntegramente al usuario el coste del servicio, sin respetar la autonomía municipal ni ofrecer soluciones”.
Con la aprobación de estos puntos, con los votos a favor del grupo popular, las abstenciones de PSOE y VOX y el voto en contra de Santa Marta Decide, el Consistorio cierra el ejercicio político municipal con el objetivo, según se expuso en el Pleno, de asegurar la estabilidad económica de los servicios públicos y adaptar la fiscalidad local a las exigencias legales vigentes.

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