David Mingo explica los motivos de la moción de urgencia presentada en el pleno ordinario para solicitar la retirada de la “tasa del basurazo” y denuncia que el Gobierno convierte a los ayuntamientos en sus recaudadores
El alcalde de Santa Marta defiende una moción urgente contra la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligará a los vecinos a asumir íntegramente una nueva tasa de residuos a partir de 2026, con un impacto estimado de 400.000 euros anuales en el municipio
REDACCION. SANTA MARTA DE TORMES 1 de noviembre de 2025
El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha sido muy contundente al defender la moción presentada por urgencia en el pasado pleno municipal para exigir la retirada o modificación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impuesta por el Gobierno central, conocida popularmente como el “tasa del basurazo”. La moción presentada por el grupo Popular, se alinea con la postura adoptada por numerosos ayuntamientos de toda España que ya han mostrado su rechazo frontal a esta imposición del Gobierno central.
Motivos de la moción
Mingo explicó que esta normativa obliga a los consistorios a imponer una nueva tasa a los vecinos, sin que exista margen para que los ayuntamientos puedan asumir parte del coste.
“Se ha establecido esta tasa contra nuestra voluntad. Nos han convertido en sus recaudadores. Nos han obligado a imponer esta tasa a los vecinos, cuando la directiva europea no exigía en ningún caso que el coste tuviera que ser asumido íntegramente por los ciudadanos”
El regidor insistió en que la Directiva Europea en la que se ampara la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a establecer esta medida en los términos impuestos por el Gobierno.
“Atenta frontalmente contra la autonomía local. Es una aberración y una barbaridad jurídica y económica”.
Además, Mingo denunció que la medida priva a los ayuntamientos de capacidad de decisión y los coloca en una posición de absoluta indefensión.
“No se nos ha dado ningún marco legal ni herramienta técnica para saber quién contamina más o menos. Los técnicos municipales no pueden elaborar ordenanzas justas sin criterios objetivos, y el Gobierno ni siquiera ha establecido un sistema claro de aplicación”
Retirada inmediata de la aplicación de la Ley
La moción solicita la inaplicación inmediata de la medida y su retirada, así como la apertura de un proceso de estudio reglamentario que permita establecer un sistema justo y equilibrado, sin que los vecinos tengan que cargar con el 100% del coste.
“Esta ley es injusta, desproporcionada y contraria al principio de autonomía municipal. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el Gobierno castiga a nuestros vecinos con más impuestos”
Impacto en Santa Marta
El impacto económico de esta tasa en Santa Marta se estima en unos 400.000 euros anuales, y su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026. La subida será lineal, afectando de manera directa al 70% de los contribuyentes del municipio, lo que equivale a 5.600 viviendas colectivas, que deberán abonar una media de 2,89 euros mensuales. El 30% restante se reparte entre un 23% de viviendas unifamiliares y un 7% correspondiente a empresas y negocios, que también verán incrementada su carga fiscal con la aplicación de esta medida.
