Santa Marta junto a cuatro municipios del alfoz salmantino se unen contra la nueva tasa estatal de residuos urbanos
Santa Marta, Carbajosa, Guijuelo, Villamayor y Doñinos rechazan una medida impuesta por la Ley 17/2022 que consideran una invasión de competencias locales y una carga injusta para los vecinos
REDACCION. SANTA MARTA DE TORMES 28 de octubre de 2025
En una comparecencia conjunta celebrada hoy en el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, los alcaldes de Carbajosa, Santa Marta de Tormes, Guijuelo, Villamayor y Doñinos de Salamanca expresaron públicamente su rechazo a la nueva tasa estatal de residuos urbanos, que deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
La medida deriva de la Ley 17/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de España, y responde a la transposición de la Directiva Europea 2018/851. Esta norma obliga a los ayuntamientos a garantizar que la gestión de los residuos no sea deficitaria, lo que en la práctica supondrá repercutir el 100% del coste real del servicio en los ciudadanos.
Los cinco regidores coincidieron en calificar la norma como una invasión directa de las competencias municipales, ya que elimina la autonomía local para modular las tasas según las circunstancias y necesidades de cada municipio.
Durante el acto, celebrado en el salón de plenos de Carbajosa, participaron el alcalde anfitrión, Pedro Samuel Martín, junto al alcalde de Santa Marta, David Mingo, el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y el alcalde de Doñinos, Agustín Rodríguez.
Los alcaldes de Guijuelo, Villamayor y Doñinos advirtieron, además, de los problemas operativos y de cálculo que implicará la aplicación de esta nueva tasa, tanto en la gestión económica como en la planificación del servicio.
Con esta comparecencia conjunta, los municipios del alfoz buscan visibilizar su oposición común a una normativa que consideran ineficaz, centralizadora y perjudicial para las economías locales y los vecinos.
David Mingo, alcalde de Santa Marta
El alcalde de Santa Marta fue muy contundente: “Esta medida convertirá a los ayuntamientos en meros recaudadores del Gobierno central, al obligarles a aplicar en los recibos municipales una subida que, en realidad, no tiene como destino las arcas locales, sino las estatales. Nosotros ponemos el sello, pero quien cobra es Pedro Sánchez. Europa no exige ese nivel de repercusión: la directiva no obliga a que el ciudadano pague el total del coste del servicio.
Se trata de una decisión ideológica del Gobierno español, que ha querido imponerla de forma general sin respetar la autonomía municipal, rompiendo el equilibrio financiero que los ayuntamientos hemos mantenido durante años y eliminando nuestra capacidad para decidir qué parte del coste asumimos desde las arcas locales para aliviar la carga de las familias.
En Santa Marta, el 70% de los contribuyentes verán incrementado su recibo en unos 2,89 euros al mes, mientras que en otras tipologías de vivienda la subida será aún mayor. Esto no es una tasa que se quede en los ayuntamientos: lo recaudado irá destinado a GIRSA y, a través de ella, al Gobierno central. Es un efecto recaudatorio del Estado, no de los municipios.”
