LATIGO DE TOGA
El 9 de diciembre, a modo de confirmación y como cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, vio la luz la sentencia sobre Álvaro García Ortiz en base a que “El Fiscal General del Estado como vértice de la organización, tiene el deber reforzado de reserva por el que debe velar por la correcta utilización de la información de la que dispone y que ha obtenido por razón de su cargo en una relación asimétrica de la que surge el deber especial de reserva para no poner en peligro los derechos de un justiciable” Pese a la estridencia del caso, la causa en contexto judicial era facilona; todo lo contrario a lo que, con presión estratégica desmedida, se pretendía intentando adulterar la justicia con mayor complejidad , difícil lidia y veremos qué consecuencias. El personaje quedó retratado como que no era el idóneo y, en la sombra, que posiblemente fue elevado a cargo por lo que se ofreciera hacer o decir a favor de Moncloa, aún con indecencia e irresponsabilidad anifiesta y jugándose su carrera. Todo fue lo que parecía y ni siquiera era necesario que la ciudadanía fuera letrada para entender el manoseo e intenciones en ejercicio. Se podían haber ahorrado cosmética, se condena él solo conscientemente con la destrucción de pruebas… la impunidad artificial no estaba bien cosida a su amparo ¿Quién borra las pruebas de su inocencia? Más aún, ahora se ha sabido que mientras era juzgado, por el mismo delito de revelación de datos, él mismo en función de su cargo, al que no había renunciado y sin tener prueba directa, sancionó con 800€ a una abogada fiscal de Barcelona por filtrar un borrador de sentencia a un periódico.
Usado como herramienta polarizadora, la resolución tiene un efecto desproporcionado a la sencillez del caso, pues uno tiene la sensación de que de alguna manera se ha condenado a toda la sociedad en cuanto que el juicio sella una quiebra de la neutralidad institucional con la Fiscalía y la Abogacía del Estado sometidas a intereses de partidos. En el Ministerio Público se evidencian rencillas, fanatismo y deseos de saldar cuentas que se anteponen a su misión principal de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público actuando de forma imparcial y objetiva ante los tribunales sin dictar sentencias ni representar a partes particulares. Efectivamente, para nuestra preocupación, estamos percibiendo falta de Independencia judicial, que no debería ser una aspiración de manual teórico, sino que debería ser la piedra angular de cualquier democracia que se precie como tal. No creáis que la cosa ha terminado con la sentencia al Fiscal, que al final es lo de menos; el sueño es apropiarse del poder judicial; resacosamente, la división continúa… ahora la Fiscalía pide la anulación de la sentencia y los Fiscales Progresistas, a través de la EADIPH (Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) promueven una campaña online de firmas a favor del indulto de Ortiz; a esta asociación pertenecen Dolores Delgado (de quejido grueso en la judicatura) y Baltasar Garzón, empeñados en cincelar la obra maestra de la justicia que, según Platón, es “parecer justa sin serlo” .
Este matrimonio de nuevo cuño y de indisimulada instrumentalización sanchista se está evidenciando como el ponedor de Fiscales y parece que cualquier aspirante al cargo debe pasar por su filtro, así hicieron promocionando a Gª Ortiz y con su sustituta Teresa Peramato, que se define como Feminista y Progresista y es defensora del modelo “solo sí es sí”, pero que merece concesión de duda y no ser etiquetada a la ligera…aunque ya vislumbra destello y cuerda. Ni el currículum de Dolores ni el de Baltasar atisban garantía de independencia e imparcialidad y son parte y músculo de estas maniobras y engranaje. Ella fue Ministra de Justicia de 2018 a 2020 con Sánchez y después ocupó precisamente el puesto de Fiscal General entre 2020 y 2022; actualmente es Fiscal de Sala (máxima categoría de la carrera judicial) en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. En 2019, en modo Notaria del Reino, fue la representante del gobierno en la exhumación de Franco. Él, Baltasar Garzón, es mucho más conocido, popular y mediático; en 2012 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo y apartado de la Carrera Judicial durante 11 años por un delito de prevaricación al ordenar de forma ilegal la interceptación de conversaciones entre los imputados en prisión del caso Gürtel y sus abogados, vulnerando así su derecho de defensa y equiparando su actuación a regímenes totalitarios. Para un servidor su deriva supone una enorme decepción, era uno de mis héroes en la década de los 90 por su lucha contra ETA, el narcotráfico y contra la corrupción; le ponía a la altura de los jueces italianos Giovani Falcone y Paolo Borsellino que voluntariamente y presumiblemente sabedores de su desenlace se jugaron la vida cuando lo fácil era ponerse a servicio de la Cosa Nostra y de Salvatore Riina; Falcone fue asesinado en mayo de 1992 junto a su esposa Francesca Morvillo (también magistrada y juez) y tres escoltas; Borsellino dos meses después junto a 5 escoltas. ¡Sí!, me daba la sensación de que nuestro juez estrella flirteaba con el mismo peligro y esa valentía me resultaba admirable. Imagino que decidió politizarse e exhibirse parcial, que es menos exigente, minimiza riesgos y está mejor remunerado. Dejar de jugarse su existencia para jugar con otras ambiciones, con arrumacos, carantoñas y achuchones de Dolores incluidos, debe merecer la pena, ser tranquilizador, reconfortante o representar sauna y masaje sin alterar su nivel y calidad de vida. Recientemente, y adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, se le ha premiado con un chiringuito de nombre “Consejo de la Memoria Democrática“ entre sus 21 consejeros también figura Cristina Almeida. Consejo que seguro que repartirá un montón de subvenciones que hagan ola y sume para la causa, que continuará estirando el comodín de Franco y que como nos descuidemos, y repitan legislatura, reescribirá nuestra historia para satisfacción de la “Cosa sua”.
En una entrevista reciente el Juez García Castellón, que no está precisamente en el corazón de Ferraz, expresaba que “lo que sostiene a una democracia no es votar cada cuatro años, sino el imperio de la ley”. En ello deberían estar implicados y afanados todos los partidos en vez de agrietarlo y facilitar revanchas de cantina y empujar a la gente contra la otra gente. Al respecto, también decía que le apenaba García Ortiz porque se trata de una “bellísima persona”; y no tiene por qué no serlo, pero a mí para estas labranzas dame, aunque sea mala gente, a alguien que potencie la independencia del Poder Judicial, sea un profesional integro y no le quite la venda de los ojos a Temis (Diosa de la Justicia). Bellísima persona seguro que era Marcelino Valentín Gamazo y la suerte no fue tan generosa con él… ni la misma ideología que envuelve a Ortiz lo tuvo en cuenta. Nombrado por Alcalá Zamora, Marcelino también fue Fiscal General del Estado (de noviembre a diciembre de 1935) y con anterioridad Secretario del Colegio de Abogados de Madrid en tres ocasiones y decano de los abogados del Estado. Intentó sin éxito condenar a Largo Caballero como cabecilla de la revolución de Asturias de 1934 acusándolo de rebelión militar, delito penado con 30 años, pero resultó absuelto y el Fiscal presentó su dimisión el 18-XII-1935. Marcelino sería apresado en Cerrajón Tébar (Cuenca) junto a tres de sus nueve vástagos por un grupo de milicianos frentepopulistas el 5-VIII-1936. Fue torturado delante de sus hijos y finalmente asesinado a los 57 años. Hay dudas de si a sus hijos, José Antonio (21 años), Javier (20) y Luis (17), los mataron antes o después que a él; seguro que nos lo resuelven Cristina o Baltasar desde su nueva sucursal…
CRISTINO
