Del fondo buitre…a otros buitres en el fondo (2ªparte)

A la hora de pronunciarnos sobre el desahucio de Maricarmen, creo que debemos partir tanto de que no todo lo moral es legal… como de que no todo lo legal es moral. Por un lado, está la reacción sensible y emocional, cargadas de indignación, y por otro el cumplimiento de una sentencia que se ajusta a la ley, cargada de justicia y que no entiende de situaciones ni dramas humanos particulares, como no entiende un banco en cuanto dejas de pagar una hipoteca. Así, nos encontramos con un piso de 92 m2 que no era propiedad de la víctima, una mujer exfuncionaria que percibe una pensión de 1450€ y que pagaba de alquiler de 440€, donde el alquiler anunciado en la misma calle alcanza los 2950€; una señora que no toda la vida ha tenido 87 años, que lleva 30 años sabiendo que estaba viviendo de forma irregular en la vivienda y que se le han puesto a disposición alternativas para solucionar el problema, pero que ha rechazo.

El fondo buitre al que se acusa no parece que sea tal cual, parece más un grupo familiar con dinero ahorrado que adquirió el inmueble consciente que con Maricarmen dentro les saldría tres veces más barato que con Maricarmen fuera y asumieron retrasar el momento en que la inversión diera el fruto pretendido, tolerando pacíficamente la permanencia de la inquilina, asumiendo la hipoteca y manteniendo una cuota congelada de apenas 200€/mes más gastos. El origen del conflicto legal reside en la extinción objetiva del contrato de arrendamiento firmado en 1956 bajo el régimen de renta antigua; la segunda subrogación pretendida en 2005 por la inquilina no se ajustaba a la ley de arrendamientos urbanos de 1994 (gobierno de Felipe González), extensión del decreto Boyer de 1985, que ponía fin a la prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos.

Así lo ratificaron tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo, cuya sentencia es firme desde hace 3 años. Ahora bien, para comprender el efecto, el alcance y agitación, que en su conjunto es de un volumen más vigoroso que el desahucio y está alentado por una buitreria sucedánea al fondo compartiendo entraña, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Primero: Ayuso y Madrid. Así, el objetivo no es solucionar el problema (que les es residual), sino desgastar y deshumanizar a la antojada adversaria política que más incomoda a este gobierno y han convertido en obsesión; para ello la responsabilizan del desahucio, así se expresaba Sánchez el pasado día 24 desde EEUU “Desgraciadamente, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200m de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social”. Si lo fuera, lo sería tanto como Illa, más preocupado por que se hable el catalán en el Parlamento Europeo que por misma tragedia social (triplicada), en Cataluña, donde se producen tres veces más de desahucios que en Madrid… y allí ni nadie le coloca en la diana ni nadie se ha movilizado en su contra; ni tan siquiera hubo agitación social cuando el pasado 7 de septiembre, en Hospitalet y tras haber llevado su caso al Parlamento catalán, se suicidó Olga Matute (54 años y madre de dos hijas) meses después de ejecutarse su desahucio. Creo que ni Illa ni Ayuso, la cosa pinta a que la responsabilidad luce Sánchez de apellido.

Metiendo en el mismo pack a familias y autónomos, recordemos lo que decía el entonces aspirante en un mitin, gustándose a rabiar, exaltado y excitado arengando a una masa roja que le jaleaba mesiánicamente… corría el 14 de marzo de 2015 (11 años, 6 meses y 10 antes del desahucio de Maricarmen) “Si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados… y ese va a ser mi compromiso, no va haber desahucios en España cuando haya gobierno socialista, ¡ese va a ser mi compromiso amigos y amigas!”. En los ocho años que lleva gobernando se ha alcanzado la cifra de 275.000 desahucios, amigos y amigas.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la fecha y la oportunidad que ofrece una agitación social de estas características, que no es precisamente espontanea, quizás un ensayo general de cara a otras futuras que aumentarían en frecuencia e intensidad sobre todo si hay un cambio de gobierno. No es casualidad que este movimiento se active meses antes de unas elecciones generales cuando el problema, ya añejo, es el mismo que en los despertares del 15M, que paradójicamente, ya aludido, sí sirvió para solucionar, hasta enlujar, definitivamente los problemas de vivienda que tuvieran las figuras, séquito y entorno cercano de quienes políticamente se adueñaron de aquella indignación. La oportunidad se reduce a la recuperación y renovación de ambiciones, un ejercicio de permanencia en el poder, por un lado las de los venidos a menos y en peligro de extinción (Podemos y Sumar) y por otro las de quien gobierna mendigando la aprobación de reciente decreto que les alivie en urnas y que será sometido a chantaje de socios; bien y para celebrar si supusiera la solución al problema; pero para llamarles, como mínimo, sinvergüenzas si la solución se hace efectiva en una semana cuando el problema era maratoniano, calzaba agujetas y lucía canas.

Y en tercer lugar: el marco matriz. De la misma manera que el Tormes en cuanto al Duero, el problema del desahucio es un afluente de uno mayor: la vivienda en toda su extensión y expresión, que multiplica considerablemente a las víctimas de desahucios y que progresivamente irá reclutando miles de, sobre todo, nuevos jóvenes clientes para quienes, quizás (a lo peor) intencionadamente, las perspectivas sean poco halagüeñas porque a quien sea le interese retenerlos dependientes, agradecidos y anestesiados patrocinados por el sistema y su falsa generosidad. Al respecto, el compromiso del Sanchismo, abusando de su ADN y siempre buscando más recaudo de votos que soluciones efectivas, también nos ha tomado el pelo, engañado y envuelto en huecas promesas. En la campaña 2023 prometió 184.000 viviendas públicas asequibles. Acumuladas en sucesivos planes anunciados, la cifra prometida alcanzaría a más de 267.000, sumando Sareb (suelos militares) “Operación campamento” y fondos específicos como “España Crece”.

Además, se añadió el compromiso de impulsar 15.000 viviendas al año adicionales mediante coinversión público privada. Según el ejecutivo se han contabilizado algo más de 120.000 viviendas movilizadas, un concepto trampeado que engloba desde inmuebles ya entregados hasta proyectos en fases muy tempranas de desarrollo, construcción o suelo por urbanizar: humo. Diversas informaciones y análisis de ejecución presupuestarias, como datos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) señalan que el número de viviendas finalizadas entregadas o con ejecución real efectiva es considerablemente inferior al ritmo de los anuncios iniciales. En fin, sea como fuere e independientemente de todo, ninguna formación se puede ir de rositas, a un servidor le cuesta comprender y aceptar como contando con un gobierno central y 17 regionales, entre todos, no valgan para evitar la simple imagen de una octogenaria transportada en camilla recién desahuciada. ¿En serio estos son los elegidos para frenar el cambio climático o para enfriar el calentamiento global?

CRISTINO