CORRUPCION RENOVABLE

En esta amalgama que comprende diferentes elementos, se encuentra por un lado la preocupación por el cambio climático, por otra parte la materia prima para generar energía limpia y renovable (viento y sol), llamada a destronar al nocivo hidrocarburo y correspondiente producción e intereses. Con nuestros calentones, también estamos nosotros, que compartimos el dudoso honor y etiquetado de ser verdugos y al mismo tiempo víctimas del acaloramiento planetario, haciendo un ejercicio de eutanasia a cámara lenta donde la preocupación se fatiga ante el convencimiento relajado de que pase lo que pase y cual sea el desenlace final, no estaremos aquí para vivirlo. Se incluye el uso que de todo ello se hace política e institucionalmente y, completando mezcolanza, se encuentran en deriva las oportunidades y agotamiento de todas las posibilidades que en maniobra pueden abrillantar y sacar lustre a la iniciativa corrupta bajo el meloso y consejero grito de que “si no te lo llevas tú, se lo llevará otro”, del que nosotros, ya sin rubor, podemos ofrecer magisterio y convalidar Erasmus multidisciplinares a quien se asome de fuera. Así, y focalizado principalmente en la Comunidad Aragonesa, la cosa tiene su proceso y trayectoria y una cocción que se remonta a dos décadas atrás, a los orígenes de la preocupación y de respuestas… y a la etapa en que el socialista Marcelino Iglesias ejercía de presidente autonómico en este territorio (entre 1999 y 2011), cuando se puso en marcha el entramado de concesión de licencias de energías renovables. Si bien, su madurez se alcanza más recientemente y, casualidades de la vida, bajo gobernanza de este ejecutivo. En pleno boom de estas energías, un tal Fernando Samper constituye la empresa Forestalia en junio 2021; especializada en la promoción e implantación de proyectos de energía eólica y fotovoltaica.

Rápidamente se convirtió en uno de los operadores más importantes del sector tras la llegada de Sánchez, quien eliminó en 2018 el “Impuesto del Sol”, una tasa española con tres años de recorrido (de 2015 a 2018) que penalizaba el autoconsumo eléctrico y obligaba a pagar cargos por la energía solar producida y consumida. El negocio de esta empresa se centra principalmente en Teruel; sirva de ejemplo la obra del “Cluster de Maestrazgo” con la instalación de 122 aerogeneradores entre tierra turolense y Castellón, que fue autorizado en julio de 2024 por vía excepcional del Consejo de Ministros pese a contar con un informe ambiental en contra por parte de la Comunidad Valenciana. Meses después Forestalia vendió el proyecto a un fondo de inversión danés, cuya operación podría reportar a la empresa de Samper hasta 500 millones €. Es complicado moverse en esas magnitudes si se carece de vínculos, contacto o complicidad institucional o política, ahí aparece la figura de un tal Eugenio Domínguez, cuyo nombre de pila evoca a “bien nacido”, lo sé por mi hermano que también lo luce… aunque en su caso naciera herniado. Domínguez, alto cargo de Teresa Ribera de cuando era ministra de Transición Ecológica, presuntamente, tiene el honor de ser campeón de España gestionando licencias de energías limpias de forma sucia, apoderando a 53 sociedades de Forestalia, a través de presuntamente crear una “caja negra” en el Ministerio para blindar adjudicaciones a dedo ocultas a la supervisión oficial, ideando un sistema de tramitación paralelo. Fue detenido por recibir 5,2 millones en mordidas por parte de Forestalia y un Mercedes de 80.000€; lo hacía valiéndose de una empresa de su mujer (Montserrat Heredero).

En su cargo como Subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica llegó a acumular él solo en su ordenador los expedientes de dos centenares de solicitudes de DIA (Declaraciones de Impacto Ambiental), más que los 50 empleados de su departamento. Vamos, el bien nacido, era hasta un jefe singular e incomparable que con tal de tener felices a sus subordinados hasta les hacia su trabajo. De estos, así funciona la cosa, algunos se olían o habían oído algo, otros no se enteraban de nada, habría a quien le pareciera raro y los demás a cumplir disciplinariamente con lo que mandara el jefe… y un cafelito “pallá y otro pacá”. Se sospecha de 52 expedientes amañados y todos salieron positivos. Domínguez se sirvió de Tragsatec, ¡sí!, la misma que manoseaban Koldo y Ábalos de cara a sus intereses y pasiones, para tramitar las autorizaciones ambientales a favor de Forestalia, donde echaba horas extras. Fueron apartados técnicos que no les daban trato de favor y llegó hasta nombrar a su secretario personal y a una administrativa personal, no cualificados, como técnicos de los proyectos; algo parecido ocurrió en la administración regional, donde el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), José Lobera, llegó a apartar a varios técnicos y designar a un veterinario como responsable de los expedientes de evaluación ambiental. El 3 de marzo 2026, además del matrimonio Domínguez Heredero y de Samper, fueron detenidos los presuntos testaferros de Forestalia (los hermanos Alberto y Eduardo Pérez Agueda) y el notario Javier de Lucas Cárdenas. En su defensa, más preocupado que nadie por la temperatura que está alcanzando la Tierra, Eugenio espetó “Lo único que hice fue agilizarlo todo”; nooo, si merecerá un monumento, ya sabéis… si al final se recupera la media de 15 grados y nos salvamos será gracias a la agilidad de tipos como éste.

De las concesiones de las renovables, si Forestalia se llevaba los molinos, las placas solares eran para la empresa Sumelzo, entre ambas crearon un enjambre con 850 sociedades ligadas a licencias; se intercambiaban el accionariado de sus empresas, como si fueran los mismos, y a trincar dinero público. Supuestamente, y aunque la justicia se ejercita principalmente con la primera, hasta compartían domicilio social en las calles Serrano y Ortega y Gasset de Madrid, en esta última se acogen una docena de sociedades energéticas y financieras sin actividad visible y con estructuras duplicadas. Juntas tributaban a Servinabar, ¡Sí! la empresa de Santos Cerdán y su amigo A.Alonso; sin apenas empleados y oquedad de curro, pero audaz “conseguidora” de contratos y contactos y experta figurante como Ute (Unión temporal de empresas) sin actividad alguna en las concesiones. Sumelzo es una empresa familiar que desde 2017 ha recibido 29 millones € en obra pública, sobre todo de parte del Ministerio de Transición Ecológica. Fruto de la casualidad, está administrada por un hermano y un primo de Susana Sumelzo, que formó parte del organigrama de la empresa hasta 2018, que dejó por la política. Es amiga personal del Presidente del Gobierno y actual número tres de Asuntos Exteriores, luciendo desde 2023 el cargo de Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

Un servidor, la verdad, vería con buenos ojos que se creara un ministerio de la mordida, que legitimara de alguna manera estas prácticas y labores, negociara directamente cualquier concesión de obra pública con sus correspondientes compensatorias mordidas o comisiones y hacer el ingreso del recaudo en una especie de hucha en nuestro erario que nos pueda beneficiar a todos… y, por ejemplo, presentarlo de la siguiente manera “Este año por este concepto hemos trincado tantos millones que se van a destinar íntegramente para aliviar la caja de las pensiones… el próximo se invertirá en vivienda para nuestros jóvenes; el siguiente para financiar tratamientos médicos prohibitivos…” así, renovablemente, año tras año…

CRISTINO