La modificación de un bloque de ordenanzas y dos mociones del grupo Popular marcan el debate del pleno de octubre en Santa Marta
El Ayuntamiento aprueba la tasa de residuos impuesta por el Gobierno central y reclama al Ministerio del Interior las viviendas comprometidas para los guardias civiles del cuartel de Santa Marta
REDACCION. SANTA MARTA DE TORMES 31 de octubre de 2025
El pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Santa Marta tuvo como eje principal la modificación de un bloque de ordenanzas fiscales, en el que se aprobó la tasa de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impuesta por el Gobierno central, así como la actualización de las tasas de depuración de aguas residuales, suministro de agua potable y alcantarillado. Además, se introdujeron ajustes en las ordenanzas relativas a los servicios especiales de la Policía Local y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Pese a estas modificaciones técnicas obligadas por la normativa estatal, el Ayuntamiento de Santa Marta mantendrá congeladas las tasas e impuestos municipales por decimotercer año consecutivo, reafirmando su compromiso con la estabilidad fiscal y la protección económica de los vecinos del municipio.
Tasa del “Basurazo“
El punto más debatido fue la tasa por la prestación de servicios de residuos municipales, una medida impuesta por la Unión Europea y trasladada por el Gobierno central a los ayuntamientos. La portavoz de Santa Marta Decide, Carmen Cabrera, justificó su voto en contra al considerar que la aplicación de la tasa es “injusta”, ya que “se ha establecido una tabla rasa para todos los ciudadanos sin tener en cuenta el tamaño de la vivienda o el número de ocupantes”, lo que —según señaló— “aumentara el coste para muchos vecinos, generen más o menos basura”.
Por su parte, la edil de economía, Silvia González, aclaró que el Ayuntamiento está obligado por ley a aplicar esta tasa, derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impuesta por el Gobierno central. “Aunque no compartimos esta medida, no podemos dejar de aplicarla porque la norma nos obliga”, explicó, subrayando además que “se trata de un impuesto recaudatorio que ataca la autonomía local” y que supondrá una subida de 2,89 euros al mes al 70% de sus vecinos
El alcalde, David Mingo, explicó que el Ayuntamiento ha realizado un estudio de costes exhaustivo para aplicar la nueva tasa “de la forma menos lesiva posible para los ciudadanos”, tomando como referencia el modelo del Ayuntamiento de Salamanca. Ante la falta de criterios claros o referencias exactas que determinen cómo calcular la contaminación generada por persona, Mingo señaló que se ha optado por aplicar el estudio de costes previo existente, estableciendo una tarifa porcentual por vivienda.
Asimismo, recordó que el Consistorio ha esperado a agotar la moratoria de GIRSA antes de poner en marcha la tasa, “por imperativo legal”, subrayando que se trata de una medida impuesta por el Gobierno central que “limita gravemente la autonomía e independencia de los municipios”.
Dos mociones del grupo Popular
El pleno también debatió dos mociones presentadas por el grupo Popular. La primera, aprobada por unanimidad, reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el cumplimiento del compromiso adquirido en 2023 durante la inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta, en relación con las viviendas prometidas para los agentes y la ampliación de las instalaciones. El cuartel acoge actualmente una compañía con unos 50 guardias civiles que prestan servicio a 21 municipios y cerca de 50.000 habitantes. La moción cuenta, además, con el respaldo de los alcaldes de las localidades dependientes del cuartel.
La segunda moción, también del grupo Popular, salió adelante con los votos favorables de los populares y la concejala de Vox. En ella se solicita la retirada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos a aplicar la tasa de residuos.
Ruegos y preguntas
Durante el turno de ruegos y preguntas, que fue contestado por el portavoz del grupo Popular, Juan José Santos, se abordaron las cuestiones planteadas por la edil de Santa Marta Decide en el anterior pleno, relativas a facturas vinculadas a las Tertulias Teatrales, los dispositivos de control horario y los costes mensuales de los contenidos multimedia.
Respecto a la primera cuestión, Santos explicó que se trata de una actividad cultural incluida en el programa de actividades desarrollado por la concejalía de Cultura, en la que participan 18 personas y que corresponde al primer trimestre del año.
En relación con los dispositivos de conteo, el portavoz señaló que hacen referencia a los costes de implantación del sistema de control horario, que cuenta con cinco terminales instalados en diferentes dependencias municipales.
Por último, en lo referente a la creación de contenidos multimedia, Santos detalló que dichos gastos obedecen al diseño y desarrollo de los materiales informativos que se difunden a través de los cinco tótems digitales ubicados en la avenida de Madrid y la plaza de Tierno Galván, así como en las dos pantallas informativas con las que cuenta el municipio, una situada en la fachada del Ayuntamiento y la otra en la glorieta de la B.A. Matacán.
No podía faltar las cuestiones relativas al servicio de autobuses urbanos que centró parte del debate en el ruegos y preguntas, especialmente por la falta de marquesinas y las deficiencias de vehículos en ciertos horarios después de la implantación del Buscyl. Aunque no es competencia directa del Ayuntamiento, el alcalde explicó que el consistorio ha trasladado las quejas a la administración competente y anunció que la empresa concesionaria renovará próximamente las marquesinas dentro del proyecto Buscyl.
